Análisis de la Victimología: Objeto, Metodología y Propósito en la Consideración de su Estatus Científico.

Figura 1. Victimología: ¿Qué es y cuál es su objeto de estudio? Nota. La imagen muestra el concepto de victimología y sus principales áreas de estudio. Fuente: Mente y Ciencia (2019).

La victimología es la rama de la criminología que estudia a la víctima del delito. Su objeto de estudio es la víctima, su metodología se basa en métodos cuantitativos y cualitativos para analizar las características y condiciones de las víctimas, y su fin es comprender la victimización para desarrollar mecanismos de prevención y protección (Márquez Cárdenas, 2010). En ese sentido, la victimología busca entender por qué algunas personas tienen más probabilidades de ser víctimas, cómo es el proceso de victimización y sus efectos, así como crear políticas para asistir a las víctimas y evitar la repetición de los hechos victimizantes.

Si bien la victimología es considerada una subdisciplina de la criminología, también reúne características que permiten conceptualizarla como una ciencia independiente (Sangrador García, 1996). Utiliza métodos científicos, cuenta con un objeto definido de estudio, formula teorías y conceptos propios, y tiene una finalidad práctica vinculada a las políticas públicas. En las últimas décadas se ha consolidado como un campo de creciente relevancia para entender el delito, a la víctima y las formas de violencia en la sociedad.

En ese contexto, las altas tasas de homicidios registradas en Costa Rica resultan un tema obligado de análisis victimológico. Según datos recientes del Organismo de Investigación Judicial citados por Teletica (2023), el país cerró el 2023 con una tasa de 17.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, consolidando una tendencia al alza que ubica a Costa Rica entre los países más violentos de América Latina. Cada una de esas muertes violentas genera familias destrozadas que deben lidiar con el duelo, orfandad y otras consecuencias victimizantes.

Desde una perspectiva victimológica, es posible plantear varias líneas de discusión sobre este problema. En primer lugar, hay que determinar qué poblaciones son más victimizadas por los homicidios en Costa Rica y por qué. La evidencia de otros países latinoamericanos muestra que la violencia homicida tiene un claro componente sociodemográfico, afectando principalmente a hombres jóvenes de contextos urbanos y barrios marginales (Carcedo et al., 2011). Entender las dinámicas de victimización en estos grupos es esencial para una adecuada prevención.

Asimismo, se debe analizar el impacto psicosocial de la muerte violenta de un ser querido. La victimización indirecta de las familias también es un tema victimológico central. La pérdida traumática genera duelos complejos que deben ser atendidos por política públicas integrales de ayuda. Costa Rica tiene un enorme déficit en esta materia. Programas de apoyo económico, legal, psicológico y social para estas víctimas indirectas son fundamentales en el corto y largo plazo.

Además, ante tasas epidemiológicas de violencia homicida, faltan estudios victimológicos de contexto para entender la interacción de variables históricas, socioculturales y situacionales donde ocurren estos crímenes. El ecosistema que permite y facilita los homicidios debe ser reconstruido y esquematizado, para luego trabajar intervenciones focales sobre esos factores precipitantes. Las muertes violentas no son azarosas, responden a lógicas victimogénicas que pueden y deben desmontarse. 

Finalmente, hay que entender que las actuales estrategias punitivas para contener los mercados de drogas ilegales han sido un rotundo fracaso. Pese a la adopción de reformas legales que endurecen las penas e invertir crecientes recursos en persecución policial y militarización, la oferta y el consumo se mantienen altos o van en aumento en Costa Rica y la región.

Paralelamente, hay una correlación demostrada entre mercados criminales clandestinizados y violencia homicida. La prohibición no elimina esos mercados ilícitos, solo los empuja a resolver sus conflictos por vías violentas al no poder acudir al sistema formal de justicia. Esa violencia genera más represión estatal y mayor fortalecimiento de grupos delictivos en un círculo vicioso interminable.

Ante ese diagnóstico, expertos en seguridad y derechos humanos han planteado durante décadas la necesidad de un cambio de paradigma. Pasar del prohibicionismo punitivo a modelos de legalización regulada. Esta aproximación de "salud pública" busca controlar los riesgos sanitarios y sociales de ciertas drogas mediante regulación estatal de producción, distribución y consumo informado.

Ya hay evidencia comparada de los beneficios de este enfoque. Por ejemplo, tras regular el cannabis, en Uruguay bajaron los homicidios asociados al microtráfico, se debilitaron mafias, se reorientaron recursos policiales a crímenes más graves, y hay control sanitario para prevenir adicciones. Todo en beneficio de salud y seguridad pública. 

Costa Rica bien podría aprender de esas experiencias y ser pionera en América Central regulando el cannabis para uso personal y terapéutico. Son medidas técnicamente viables, éticamente responsables y políticamente realistas. Requerirían reformas legales específicas y el desarrollo de capacidades institucionales que perfectamente puede asumir el país.

Más allá del caso del cannabis, el punto central es que urge un cambio de enfoque integral frente a la creciente violencia homicida y sus múltiples aristas. Se requiere voluntad política y ciudadana para implementar soluciones innovadoras centradas en la prevención y despenalización antes que únicamente más policías y cárceles. Solo así se podrán reducir efectiva y éticamente los alarmantes niveles de muertes violentas. Es tiempo de que Costa Rica se plantee en serio estas reformas que ya han demostrado su efectividad en otros contextos. El camino es claro, solo falta decisión para emprenderlo.

Lo primero es enfatizar qué significa que Costa Rica carece de una visión victimológica integral sobre este problema. Quiere decir que no hay políticas públicas enfocadas en las víctimas de homicidios y sus familias; que no existen programas gubernamentales de asistencia post-victimización; que no se invierte en apoyo psicosocial, asesoría legal y ayudas económicas para los afectados. Implica también que las instituciones que abordan el fenómeno, como el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad, no incorporan la perspectiva de derechos humanos ni el enfoque diferencial para las víctimas en sus protocolos y actuaciones.

Esa ausencia victimológica es grave si consideramos que Costa Rica sufre una epidemia de violencia homicida que se ha cobrado miles de vidas, especialmente entre los jóvenes, en las últimas décadas. Cada una de esas muertes violentas genera un enorme halo de victimización sobre madres, padres, hermanos, hijos y demás familiares que sufren esta pérdida traumática. La falta de atención institucional ante esa victimización indirecta refleja una sociedad profundamente enferma éticamente, que no valora la vida humana ni respeta el dolor de sus compatriotas víctimas.

Ese déficit ético se observa en la indiferencia social y política frente a una creciente tasa de homicidios que ya ronda los niveles epidémicos según la Organización Mundial de la Salud. Pero también en la inacción histórica de los diversos gobiernos, que lejos de proteger la vida y la dignidad de miles de costarricenses, más bien han estigmatizado, criminalizado y relegado al abandono a amplios sectores del país, especialmente en zonas urbanas empobrecidas, donde se concentra mayor violencia letal.

Cambiar ese paradigma victimizante debe ser una responsabilidad compartida. Principalmente de las instituciones del Estado llamadas por mandato legal y ético a proteger los derechos humanos, así como por parte de la ciudadanía que debe activarse para exigir políticas públicas victimológicas. Pero también de las nuevas generaciones de profesionales en derecho, criminología y áreas afines, que tienen el deber histórico de impulsar un nuevo enfoque.

Los estudiantes y profesionales del campo sociojurídico no podemos permanecer indiferentes, reducir nuestro quehacer a tecnicismos o limitarnos a la repetición acrítica de fórmulas represivas que han empeorado esta violencia. Tenemos que activarnos e impulsar otra narrativa ética de derechos humanos que ponga a las víctimas fatales y sus familias en el centro. Debemos abogar por políticas de prevención y mitigación del daño desde la victimología, la sociología jurídica y otras disciplinas. Costa Rica merece vivir en paz y sin miedo. Hagamos nuestra parte.

Referencias.

Carcedo, A., Sagot, M., y Guido, L. (2000). Femicidio en Costa Rica 1990-1999. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Femi%20Costa%20Rica%202000%20Esp.pdf

Márquez Cárdenas, A. E. (2010). Elementos esenciales de la victimología. Ratio Juris, 6(12), 227-252. https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/2538

Mente y Ciencia. (2019). Victimología: ¿Qué es y cuál es su objeto de estudio? [Fotografía]. Mente y Ciencia. https://www.menteyciencia.com/victimologia-que-es-y-cual-es-su-objeto-de-estudio/

Sangrador García, J. L. (1996). ¿Hacia una nueva ciencia delictológica victimológica?. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, (10), 189-201. https://www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/10+-+Hacia+una+nueva+ciencia+delictologica+victimologica.pdf

UPV/EHU. (2017, 9 de agosto). Victimologia [Video]. YouTube. https://youtu.be/gKI1H0dguBw