Evolución de la Victimología: Análisis de Hechos y Acontecimientos Históricos Clave en su Creación, y la Dinámica del Olvido, Redescubrimiento y Protagonismo de la Víctima.

Figura 1. Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Nota. La imagen muestra el proceso de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fuente: Naciones Unidas (2018). Licencia: CC BY-NC-SA 4.0.

La victimología como disciplina científica es relativamente reciente, sus orígenes se remontan apenas a la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, este surgimiento responde a importantes transformaciones históricas en las concepciones sobre el delito, el delincuente y la víctima. Durante siglos, el derecho penal estuvo dominado por una visión donde el infractor era el centro de atención, en desmedro de las víctimas que eran olvidadas tras el acto victimizante (Rodríguez Manzanera, 2015). Este paradigma comenzó a resquebrajarse de forma progresiva a partir de múltiples factores históricos.

Uno de los principales hitos fue la incorporación de los derechos humanos en el sistema internacional tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de que las víctimas de crímenes atroces durante el nazismo merecían reparación sentó jurisprudencia sobre los derechos de las víctimas frente al Estado y victimarios. Asimismo, en las décadas siguientes, los movimientos por los derechos civiles y contra la discriminación pusieron sobre la mesa las dinámicas de victimización sobre minorías y grupos históricamente oprimidos (Beristain, 2009).

Ello coincidió con cambios sociales fundamentales como la masificación de los medios de comunicación. La radio primero y luego la televisión comenzaron a difundir imágenes y testimonios directos de víctimas de crímenes antes ignoradas. Esta visibilización mediática sensibilizó a la opinión pública y sirvió de catalizador para el surgimiento de organizaciones de apoyo y reivindicación victimológica (Sangrador García, 1996).

Así, para la década de los 60 ya estaban dadas las condiciones para el nacimiento de la victimología como especialización enfocada en las víctimas del delito y la violencia política. Su institucionalización comenzó con la fundación de centros de investigación y sociedades victimológicas en Europa y Estados Unidos, así como con la publicación de obras fundacionales de autores como Mendelsohn, von Hentig y otros pioneros.

A fines del siglo XX, con la victimología consolidada internacionalmente, América Latina comenzaba también a desarrollar sus propuestas teóricas y de política pública sobre las víctimas. Nuestra región no estaba exenta de las dinámicas históricas descritas, con violentos conflictos políticos y sociales que dejaban miles de víctimas silenciadas e ignoradas. Los activismos por verdad y justicia tras las dictaduras, así como los estudios de femicidios y otras formas de victimización masiva, potenciaron nuevos abordajes (Carcedo et al. 2011).

Es preciso contextualizar la ola de protestas que sacudió a varios países de América Latina en 2021 dentro de un cuadro de largas y crecientes desigualdades, pobreza, desempleo, corrupción e ineficiencia estatal agravadas por la pandemia. Millones de personas salieron a las calles a manifestar pacíficamente su hartazgo.

Sin embargo, los Estados respondieron en muchos casos con violencia institucional desmedida. La represión policial y militar dejó decenas de víctimas fatales en Colombia y Perú, centenares de heridos de gravedad y miles de detenidos. Material gráfico ytestimonios estremecedores dan cuenta de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta.

Estos graves hechos no pueden ser tolerados ni quedarse en la impunidad. Representan crímenes de lesa humanidad que deben investigarse a fondo, juzgar a los responsables y transformar los protocolos de actuación policial bajo estándares de derechos humanos.

Asimismo, es urgente implementar medidas integrales de reparación y atención en salud física y mental para estas víctimas por parte de los Estados, incluyendo compensaciones económicas a familiares de manifestantes asesinados y apoyo psicosocial para constructed de proyectos de vida tras estas experiencias traumáticas.

La voz y el testimonio transformador de estas nuevas víctimas debe erigirse ahora en bandera ética de toda América Latina. Exigiendo verdad y justicia ante tribunales nacionales e interamericanos.

Sin duda, la primera obligación ética de los Estados donde ocurrieron estas graves violaciones de derechos humanos es hacerse cargo con todo el peso de la ley. Investigando a fondo cada caso, sancionando a toda la cadena de mando responsable, desde los agentes que dispararon o torturaron hasta los altos mandos políticos que dieron las órdenes.

Pero la sanción penal debe complementarse con una revisión profunda de los protocolos y capacitaciones en control de multitudes y uso de la fuerza. Es evidente que hay graves déficits de formación en los cuerpos policiales y fuerzas militares sobre estándares de proporcionalidad y excepcionalidad en el tipo de armamentos y tácticas utilizadas para dispersar protestas.

Se requiere introducir reformas institucionales integrales, bajo asesoría de expertos independientes en derechos humanos, para adecuar doctrinas y entrenamiento a un perfil democrático de actuación policial respetuosa de la protesta social.

Asimismo, es momento de abrir un amplio debate público sobre el rol que se le asigna históricamente a policías y militares en la región. Persisten visiones autoritarias y belicistas que conciben el orden interno como un campo de batalla contra un “enemigo interno” que debe ser neutralizado. Es hora de desterrar esa peligrosa doctrina contrainsurgente para formar cuerpos profesionales que comprendan su función como garantes de derechos ciudadanos.

Ello solo puede lograrse en el marco de democracias más inclusivas y participativas. Donde la protesta y el disenso sean vistos como valores cívicos y no amenazas al statu quo. Y donde los derechos económicos y sociales tengan el mismo nivel de protección que las libertades políticas formales. Revertir la militarización en América Latina requiere reducir la conflictividad redistribuyendo poder y riqueza. Si no habrá sociedades cada vez más desiguales, Estados más represivos y nuevas generaciones de víctimas por la violencia institucional. Así debemos comprenderlo y actuar en consecuencia por un futuro más justo.

Del mismo modo, el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia y México en cifras récord, visibiliza un tipo de víctimas invisibles que requieren programas de protección y acción penal efectiva. Y discursos como los de opositores nicaragüenses exiliados tras persecución política dan cuenta de procesos de victimización colectiva ante regímenes autoritarios.

Resulta evidente que en nuestra región persisten serios déficits históricos en la protección, atención y reparación a las víctimas más vulnerables, desde los pueblos originarios diezmados en la conquista, hasta comunidades campesinas desplazadas por conflictos armados y activistas perseguidos políticamente en tiempos recientes.

Son siglos de exclusión institucionalizada y negación de derechos fundamentales que recién en las últimas décadas comienzan a revertirse parcialmente gracias a las luchas de movimientos y organizaciones sociales que lograron instalar en la agenda pública las demandas de verdad, justicia y reparación para sus casos de victimización colectiva.

Sin embargo, esos logros parciales mediante comisiones de la verdad, juicios históricos o leyes de víctimas siguen constituyendo más bien una excepción que regla en el continente. Persisten altos grados de impunidad en casos de lesa humanidad, así como graves déficits en políticas integrales de atención a víctimas de otras formas de criminalidad.

Por ello, el principal reto político y ético que enfrentamos como región es culminar esos procesos inconclusos y garantizar su institucionalización efectiva y permanente para tutelar los derechos de las actuales y futuras generaciones de víctimas.

Los Estados nacionales deben comprometer reformas legales, institucionales y presupuestarias. La sociedad civil articularse para incidir colectivamente. Y desde el campo académico nos corresponde generar pensamiento crítico y propuestas técnicas para catalizar dichas transformaciones por la vía de nuestros respectivos ámbitos de especialización.

Ahí radica la responsabilidad indelegable de la criminología victimológica contemporánea, en desplegar toda nuestra creatividad intelectual y compromiso social para coadyuvar a ese anhelo histórico de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que reclaman las víctimas latinoamericanas. Ahí está nuestro desafío como futuras y futuros profesionales de estas disciplinas en la región de mayor desigualdad del planeta.

Referencias.

Beristain, A. (2009). Victimología: Nueve palabras clave. Valencia: Tirant lo Blanch.

Carcedo Cabañas, A., Sagot Rodríguez, M. y Guido Núñez, L. (2011). Femicidio en Costa Rica: La vida arrebatada. Organización Panamericana de la Salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/4472

Naciones Unidas. (2018). Historia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [Fotografía]. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/udhr/history-of-the-declaration

Rodríguez Manzanera, L. (2015). La victimología. Estudio de la víctima. Porrúa.

Sangrador García, J. L. (1996). ¿Hacia una nueva ciencia delictológica victimológica?. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, (10), 189-201. https://www.ehu.eus/documents/1736829/2010409/10+-+Hacia+una+nueva+ciencia+delictologica+victimologica.pdf

Tribuna Constitucional. (2022, 4 de febrero). La Declaración Universal de Derechos Humanos [Video]. YouTube. https://youtu.be/dgfX_6noLnY?si=FcveJCFitWTbH-Yo